Jason Rochester hizo todo lo posible por persuadir a la administración del ex presidente Donald Trump de permitir el regreso de su esposa Cecilia, quien es mexicana, a su hogar en los Estados Unidos.
De profesión camionero en Georgia, Rochester quiso hacer lo correcto para arreglar el estatus migratorio de su esposa indocumentada y ponerla en camino a convertirse en ciudadana americana como él y como su hijo Ashton, quien ahora tiene 8 años. Incluso acordaron en que ella se iría voluntariamente a México en el 2018, con la expectativa de que pronto se le permitiera entrar de nuevo al país con sus documentos en regla.
Estaban equivocados. Ni siquiera cuando Ashton fue sometido a tratamiento por cáncer de riñón, los funcionarios de la administración de Trump cedieron, o encontraron razones poderosas para permitir que la madre reingresara. Con el tiempo, Rochester dejó de rogar.
Pero ahora, en base a decisiones alentadoras por parte del Presidente Joe Biden en relación a un puñado de deportaciones, Rochester está preparando su solicitud para intentarlo nuevamente.
Esto se debe a que el gobierno de Biden, con poca fanfarria pública, está trabajando en planes para una revisión organizada de miles de casos de personas que dicen haber sido deportadas injustamente en los años recientes, según declararon altos personeros a cargo de inmigración.
Estos funcionarios dicen que muchas deportaciones, especialmente durante el gobierno del presidente Trump, fueron excesivamente severas, con poco apego a la aplicación de la ley. Ellos están trabajando en diseñar un sistema que reconsidere casos de inmigrantes que fueron deportados a pesar de tener fuertes vínculos en los Estados Unidos.
Académicos expertos en leyes han dicho que un proceso que resultara en el retorno de un número significativo de gente deportada sería altamente inusual en la historia legal de inmigración en los Estados Unidos. Hasta hoy, anular deportaciones por lo general ha requerido arduas batallas legales en casos excepcionales, y los retornos han sido poco frecuentes.
El Departamento de Seguridad Nacional “se ha comprometido a revisar los casos de individuos cuya deportación, durante el gobierno anterior, no cumplió con nuestros valores más elevados,” dijo Marsha Espinosa, una vocera de la agencia. Ella confirmó que los funcionarios están desarrollando “una estrategia rigurosa y sistemática” para llevar a cabo la revisión y “un proceso ordenado” para que las personas deportadas presenten sus reclamos.
Estos incluirían veteranos y familiares de militares—ya se ha completado el regreso de algunos familiares de militares— e inmigrantes jóvenes que fueron excluidos de las protecciones bajo el programa conocido como DACA como resultado de los esfuerzos de Trump por cancelarlo. Los funcionarios también tienen planes de examinar los reclamos de la gente que dice que fueron deportados en represalia por pelear contra sus deportaciones o por protestar públicamente contra las leyes de inmigración.
El gobierno puede considerar un grupo mucho más grande de inmigrantes quienes— como Cecilia González Carmona, la esposa de Rochester— tienen esposos, hijos u otros familiares cercanos que sean ciudadanos de los Estados Unidos y pueden demostrar que sus familiares fueron afectados severamente por la deportación de un padre o sostén de familia.
Las revisiones procederán exhaustivamente caso por caso, dicen los oficiales. Al menos al principio, sólo será revisada una pequeña fracción—quizá miles— de más de 900.000 deportaciones formales bajo Trump. Pero eventualmente, si el sistema de revisión es efectivo, muchos más podrán solicitarla.
A raíz de unos pocos retornos iniciales, los indicios de los planes del gobierno han movilizado a Jason Rochester, quien se califica a sí mismo como “un padre desesperado” en los emails que envía a quien quiera escucharlo. Sus intentos por poner a su esposa en el lado correcto de la ley de inmigración, dice, resultaron terriblemente mal.
Rochester, quien maneja un camión para UPS, votó por Trump en el 2016. Él dice que le gustaba el mensaje de Trump sobre la ley y el orden, y nunca se imaginó que su esposa, una madre dedicada a su familia sin antecedentes penales, sería tratada como uno de los inmigrantes malos que Trump prometió expulsar del país. Pero él (Rochester) y su esposa se volvieron cada vez más recelosos cuando Trump decretó que cualquier inmigrante indocumentado podría ser deportado y los agentes de inmigración se pusieron más agresivos. González Carmona había cruzado la frontera sin papeles casi dos décadas atrás.
Siguiendo el mal consejo de un abogado, dijo ella decidió tomar la iniciativa frente a las autoridades, y acordó irse a México por su cuenta, creyendo que regresaría pronto a los Estados Unidos.
No mucho después de su partida, el nuevo abogado contratado para manejar el asunto del regreso de González Carmona, descubrió un viejo documento cuya existencia ella desconocía, de una deportación formal ocurrida tras su arresto en la frontera 18 años atrás en el pico de un gran influjo de migrantes durante la presidencia de Clinton. De acuerdo con una ley de muchos años de vigencia, ella tenía prohibida la entrada a los Estados Unidos por diez años.
Seis meses después de su partida en el 2018, Ashton fue diagnosticado con cáncer. Le extrajeron un riñón y fue sometido a radiación y quimioterapia durante 10 meses. González Carmona estaba varada en Mérida, en el sureste de México. Las fotos familiares de esa época son de Ashton, como un huesito pegado a un manojo de tubos en una cama de hospital, mientras Rochester sostiene una tablet y su esposa mira a su hijo desde lejos.
Ella pidió un permiso de emergencia, conocido como visado humanitario, al gobierno de Trump, para regresar y cuidar a Ashton. El 31 de agosto del 2018, un funcionario de inmigración le informó por escrito que no había “razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo” para concederle el permiso.
“No soporto recordar las cosas que Ashton me preguntaba cuando estaba enfermo, de por qué su mamá no estaba allí,” dijo Rochester.
El cáncer de Ashton no ha regresado, y su padre dice que ahora él entiende que González Carmona “cometió un error” que le impidió que estar con ellos. Como ciudadanos de los Estados Unidos, padre e hijo pueden viajar a México, y lo han hecho varias veces para visitarla.
Sin embargo, Rochester dice que él y su hijo están siendo castigados. “Nosotros somos ciudadanos,” dice, “y tenemos que escoger entre nuestra esposa y madre, y nuestro país.”
Rochester y su esposa están preparando una nueva solicitud de visado humanitario. Los funcionarios federales tienen amplios poderes para otorgar esas visas, que permiten la entrada de extranjeros al país por un corto período de tiempo sin darles un estatus permanente de inmigración.
Un cuerpo especial establecido por Biden para reunificar familias que fueron separadas en la frontera del suroeste bajo la política de cero tolerancia del gobierno de Trump, está otorgando visados humanitarios para traer a los padres y reunirlos con sus niños. Funcionarios del gobierno dijeron que ese cuerpo especial está probando el terreno para un uso más amplio de los visados humanitarios y reunificar así a más familias de inmigrantes que hayan sido deportados.
Puesto que varias agencias federales están involucradas, el trabajo de organizar el proceso de revisión se mueve con lentitud, dijeron fuentes oficiales, y aún no hay fecha para el anuncio de una nueva política. Pero el objetivo está claro, “Queremos traer de regreso a quién no debió ser expulsado en primer lugar'', dijo un alto oficial de inmigración involucrado en la planificación, quien no está autorizado para hablar públicamente sobre las discusiones en progreso.
Hasta ahora la más alta prioridad del gobierno han sido los veteranos y familiares de militares, después que Biden hizo promesas de ayudarlos durante su campaña el año pasado. Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que su agencia también está trabajando en crear un proceso más fácil de naturalización para esas familias. Aunque los estimados son inexactos, fuentes oficiales dicen que al menos 11,800 miembros en servicio activo tienen parientes en proceso de deportación y por lo menos cientos de veteranos han sido expulsados del país.
La administración ya ha cumplido con la promesa de Biden en un caso prominente. El 8 de mayo, Alejandra Juárez, una mujer mexicana quien fue forzada a salir en el 2018, fue reunificada con su familia en Orlando, Florida. Su esposo, Temo Juárez, sirvió en la Infantería de Marina y es un veterano de combate en Iraq, y él y sus hijas son ciudadanos americanos. Juárez se benefició de años de apoyo por parte de su congresista, Darren Soto de Florida, un demócrata, y un giro estelar por parte de su hija Estela, de entonces 11 años, en la Convención Nacional del Partido Demócrata el año pasado.
En una carta del 9 de junio, más de 80 organizaciones de derechos de inmigrantes urgieron al secretario de seguridad nacional, Alejandro Mayorkas, a crear una oficina centralizada de revisión para veteranos y otros grupos. Los defensores han comparado su propuesta a los esfuerzos recientes por anular y hacer enmiendas a las condenas injustas en el sistema de justicia criminal.
“No estamos pidiendo un trato especial,” dijo Nayna Gupta, una abogada en el Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante, quien lidera la presión para que se revisen de las deportaciones. “Es hacer que la ley sirva para lo cual fue creada.”
Además de los visados humanitarios, los funcionarios buscan reabrir los casos de deportación en las cortes para dar otra oportunidad a los inmigrantes y ofrecer exenciones para remover los obstáculos que impiden que los inmigrantes obtengan el permiso de residencia legal a través de familiares.
Puesto que Biden ya enfrenta acusaciones por parte de los republicanos de permitir el ingreso de “plagas de criminales” en la frontera del suroeste, los funcionarios anticipan que habrá intensa oposición. Es por ello que están trabajando para blindar el proceso de revisión, usando autoridades bien establecidas del poder ejecutivo, en contra de retos legales.
Mayorkas ha dado instrucciones de examinar detalladamente los reclamos de inmigrantes que dicen haber sido deportados como castigo por su actividad política. La represalia en respuesta a la libertad de expresión protegida por la constitución es inaceptable, dijo Mayorkas en abril, durante una conferencia en la escuela de leyes de la Universidad de California
Claudio Rojas, quien es de Argentina, fue deportado por agentes de inmigración durante el gobierno de Trump en el 2019 poco después del estreno de una película en el Festival de Cine Sundance, acerca de la resistencia audaz que él había ayudado a organizar años atrás dentro de un centro de detención en el sur de la Florida. Los cineastas se han unido para ejercer presión y lograr el regreso de Rojas.
Una pregunta pendiente para los funcionarios del gobierno de Biden es si ellos van a extender oportunidades de retorno a aquellas personas que fueron deportadas durante el gobierno de Obama, cuando Biden era vicepresidente, y los activistas lo fustigaban como “el Deportador-en-jefe.”
María Paz Pérez quiere saberlo. Su esposo, Brígido Isidro Acosta, fue deportado en el 2013, cuando agentes de inmigración le hicieron salir bruscamente de la sala de su casa en un suburbio de Chicago mientras él tallaba una calabaza de Halloween con su hijo de tres años.
Los problemas de inmigración de Acosta se remontan a un encuentro 11 años atrás con un funcionario de aduanas en el aeropuerto de Dallas- Forth Worth, quien al ver un hombre mexicano joven viajando solo, decidió impedir su entrada a los Estados Unidos. Acosta tenía una visa de turista válida y venía a visitar a su madre en Illinois.
Después que lo desnudaron para registrarlo y lo sometieron a horas de interrogación, según dice, Acosta accedió a regresar a México. Aparentemente y por puro rencor, el funcionario le colocó un sello de deportación en su pasaporte, haciendo imposible que Acosta regresará legalmente por 10 años.
Cinco años más tarde, Acosta regresó ilegalmente, fijando residencia cerca de su madre en Illinois. Luego formó una famila Junto a Pérez, una ciudadana estadounidense, con dos hijos nacidos aquí y un negocio de seguros para automóviles. Pero en uno de los operativos de redadas frecuentes durante la administración de Obama, los agentes lo ubicaron.
Después de la deportación de su esposo, el negocio quebró, Pérez perdió su casa y se vio forzada a mudarse con sus padres. Su hijo Xavier, quien entonces tenía 11 años, no ha dejado de añorar a su padre. “Él nunca realmente entendió,” dijo Pérez, “¿porque cómo puedes entender que tu padre estaba allí un día y al siguiente no estaba?”
Luego vino un torrente de crisis médicas que Pérez ha enfrentado sin tener a su esposo cerca. En enero del 2020, se sometió a una operación para extraer un tumor cerebral, sin la seguridad de sobrevivir para cuidar a sus hijos. El tumor resultó ser benigno. Luego, el padre de Pérez murió de COVID-19 en octubre. En febrero, la madre de Acosta fue diagnosticada con cáncer avanzado en el páncreas. En mayo, Pérez tuvo otra operación, esta vez para corregir una dolorosa condición en la espina dorsal.
La familia está sopesando una apelación al gobierno de Biden para acelerar el proceso que permita el retorno de Acosta.
“Con mi corazón en la mano, le puedo decir que si pudiera regresar antes de que mi mamá se muera sería lo mejor,” dijo Acosta por teléfono desde México. “Me gustaría volver a nuestra vida familiar de diario, como la teníamos antes. Porque entonces éramos un equipo.”
